De 93 iniciativas planteadas en apoyo a periodistas y defensores de derechos humanos, sólo avala 7%; no se necesitan nuevas leyes, sino ajustes en los mecanismos actuales, afirman expertos
Del año 2000 a la fecha, la Cámara de Diputados y el Senado han discutido 93 propuestas de ley para proteger a periodistas y a defensores de derechos humanos; sin embargo, 93% de las iniciativas fueron desechadas, rechazadas o están pendientes de dictaminación y únicamente 7% fueron avaladas.
De acuerdo con expertos, en México se legisla mucho, pero se protege poco. En ese periodo (2000–2022), la organización civil Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos de comunicadores. De ese total, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha reconocido que 53 casos se dieron en este sexenio, de diciembre de 2018 a la fecha.
“La situación como la estamos viendo en este momento en México representa la consecuencia lógica y natural de muchos años de negligencia en el tema de la impunidad y en el de la protección a los periodistas.
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“Es previsible que vamos a ver un aumento de la violencia porque hemos llegado un punto en el que los ataques criminales en México se están saliendo completamente de control”, puntualizó Jan Albert Hootsen, representante en México del Committee to Protect Journalists.
EL UNIVERSAL revisó las propuestas que el Poder Legislativo ha impulsado para defender a los periodistas en México.
En los últimos 22 años se han impulsado 93 leyes en la materia; 60, en la Cámara de Diputados, y 33, en el Senado; sin embargo, de ese total sólo siete fueron aprobadas, siendo la más destacada la actual Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, avalada en 2012.
Dicha norma establece las medidas “para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos de las y los periodistas”.
Implementa medidas como la reubicación temporal, escoltas, protección de inmuebles, entrega de equipos de telefonía satelital e instalación de cámaras y cerraduras, entre otras, “para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los beneficiarios”.
“En México se habla mucho de leyes, se habla mucho del marco legal, pero en la práctica vemos muy pocos resultados.
“De esas 93 leyes, sólo tres han tenido un efecto notable, me refiero al mecanismo federal, al de la capital y a la comisión en Veracruz, las demás no han llevado un sistema aceptable”, indicó.
Entre las normas avaladas en la materia, se estableció como delito grave el homicidio y la desaparición de los periodistas, además de que se impusieron penas de cinco a 10 años de cárcel, así como multa de 300 a 3 mil días de salario mínimo “a quien atente, por vías de hecho físicas, sicológicas, violentas o económicas, en contra de los comunicadores”.
Congeladora
Entre las que se desecharon o quedaron en el tintero se encuentran al menos una veintena de propuestas para derogar la actual ley de protección y crear una nueva, así como para aumentar la pena punitiva a quien viole los derechos humanos de los comunicadores, reducir el tiempo para dotar de protección a quienes lo necesiten, extender la garantía de protección a hijos menores, castigar el espionaje cometido por el Estado en contra de defensores de derechos humanos y periodistas y garantizar el derecho a mantener en secreto las fuentes informativas, entre otras.
En enero pasado, Gobernación puso en marcha los foros denominados Diálogo Regional para Impulsar una Iniciativa de Ley General para la Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para escuchar propuestas de todos los sectores involucrados, entre ellos comunicadores, legisladores, funcionarios, organizaciones de la sociedad civil y académicos.
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Al respecto, Emilio Álvarez Icaza, secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y quien presentará la próxima semana la primera de varias iniciativas de protección a los periodistas, señaló que el Poder Legislativo no ha entendido el riesgo bajo el que se ejerce el periodismo en México.
Además, lamentó que, lejos de eso, en las últimas dos Legislaturas se haya avanzado más en el mensaje de insensibilidad ante este problema.
En ese sentido, el legislador del grupo plural aseguró que el Mecanismo de Protección a Periodistas no sólo no funciona, sino que se han dado pasos para atrás, pues, externó, se desaparecieron los fideicomisos que garantizaban tener recursos para su óptima operación.
“En esta administración estamos viendo, dramáticamente, a periodistas bajo el mecanismo de protección que están siendo asesinados. (…) La CNDH es una absoluta omisión y el mecanismo está absolutamente colapsado y rebasado”, subrayó.
Para Juan Vásquez, oficial de Comunicación de Artículo 21, más que modificar la ley actual, lo que se requiere es reformarla, principalmente para fortalecer el tema preventivo, así como brindar más presupuesto al mecanismo de protección y restablecer los candados para que el recurso no sea desviado.
“Prueba de que el mecanismo no funciona bien es que 13 de los periodistas que han sido asesinados estaban apegados al mecanismo de protección.
“Se requiere más prevención y también candados. Hace dos años se eliminó el fideicomiso que servía como un candado para saber que todo el dinero se utilizaba con el mecanismo de protección, pero ahora está en manos de la Secretaría de Gobernación, y eso les permite que si algún día la dependencia decide utilizar una parte del recurso para otras cosas, lo puede hacer; esa es otra de las problemáticas que se deben resolver”, advirtió.
Por su parte, Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras, recordó que otro de los rezagos del actual mecanismo es el tiempo para ingresar.
“La ley establece que el caso de un periodista en riesgo debe atenderse de 12 a 24 horas; sin embargo, para ingresarlo al mecanismo debe hacerse un análisis de riesgo, y hay pruebas de que ese análisis ha tardado de seis meses y hasta dos años”, dijo.
Los expertos insistieron en que más allá de nuevas leyes, lo que debe hacerse es mejorar lo que ya se tiene, así como encontrar mecanismos para evitar ataques a la prensa desde Palacio Nacional, durante las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que, afirmaron, coad- yuva al incremento de la violencia contra el gremio.
“El discurso del gobierno federal no contribuye a este ambiente de respeto al ejercicio periodístico, lo enardece y lo hace más difícil, porque si hubiera una postura más contundente de respeto a la libertad de expresión, eso ayudaría a que cualquier funcionario, cualquier nivel, se abstenga de agredir a un periodista.
“Tampoco podemos decir que el discurso ha matado a periodistas porque no lo podemos probar, lo que sí podemos decir es que es un discurso que estigmatiza, descalifica y que pone a los periodistas en riesgo en un país tan peligroso como es México”, concluyó Balbina Flores.
Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL.
NACIÓN 14/02/2022 03:10 Antonio López y Víctor Gamboa Arzola Actualizada 03:52