El acceso a un aborto seguro y legal es indispensable para garantizar el disfrute de los derechos y libertades de todas las mujeres como son el derecho a una vida digna, a la salud, a la igualdad y no discriminación, a la información, a la seguridad personal y a la libertad religiosa y de consciencia, entre otros. En este sentido todas las entidades federativas del país, con excepción de la CDMX y Oaxaca tienen una deuda que saldar con las mujeres mexicanas.
La interrupción del embarazo ocurre todos los días en todos los rincones de México. Sin embargo, cuando es en la clandestinidad no existen límites en cuanto al número de semanas de gestación, no se informa a las mujeres de manera correcta de opciones ni riesgos, no reciben acompañamiento psicológico y se realiza en condiciones de poco o nula higiene.
La NOM-046 garantiza el derecho a toda mujer y niña a abortar de manera segura, en hospitales del sector salud, cuando el embarazo es resultado de una violación. La realidad es muy distinta. Miles de mujeres son violentadas y denunciadas ante las autoridades ministeriales por personal “objetor”, cuando acuden a recibir atención médica aun cuando sus abortos fueron espontáneos y no inducidos.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos de la ONU: “Los marcos legales para el aborto han sido diseñados típicamente para controlar la toma de decisiones de las mujeres a través del uso de la ley penal.» La Organización Mundial de la Salud ha demostrado que la penalización del aborto no reduce su número, por el contrario, incrementan los abortos clandestinos lo que aunado a los embarazos de alto riesgo de niñas y adolescentes y al incremento de la mortalidad materna deriva en graves problemas de salud pública.“
Las legislaturas de todos los estados del país, tienen la obligación constitucional de eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres y niñas y de respetar, proteger y garantizar sus derechos sexuales y reproductivos de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, pero sobre todo tiene el deber de eliminar las leyes y normas que criminalizan a las mujeres especialmente aquellas que castigan con cárcel a las mujeres que deciden abortar cuando su vida corre riego.
Las exigencias de las mujeres mexicanas que reclaman sus derechos reproductivos -a través de movilizaciones, marchas y acciones legislativas y judiciales- deben ser escuchadas y atendidas por las autoridades del país. Despenalizar el aborto y garantizar que las mujeres puedan ejercer libremente su derecho a decidir sobre cuerpo, su embarazo y su sexualidad seguirá siendo una prioridad para la agenda feminista con mira a las elecciones del 2021.
Finalmente señalamos nuestro apoyo a las compañeras de Nuevo León que fueron denunciadas penalmente por brindar información sobre abortos seguros a las mujeres y jóvenes de ese estado. Las organizaciones sociales y las mujeres activistas que integramos la Red Nacional de Alertistas de todo México seguiremos acompañando y apoyando a las mujeres, jóvenes y niñas que decidan ejercer su derecho a interrumpir su embarazo de manera libre, segura y gratuita.
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