De acuerdo con los resultados de una investigación realizada por el Instituto Belisario Domínguez, tres de cada cuatro mexicanos están en favor de la posibilidad de revocación de mandato.
En el reporte “Revocación de mandato” esta figura se inscribe dentro de los regímenes democráticos como una forma directa de participación ciudadana y es el procedimiento legal mediante el cual se separa del cargo a una autoridad antes de que concluya el periodo por el que fue electa, debido a la pérdida de confianza de la ciudadanía en él o ella, resultado de la percepción de un ejercicio inadecuado de su función.
La investigación, elaborada por el investigador Israel Palazuelos Covarrubias, apunta que la revocación de mandato ya existe en México desde el 20 de diciembre de 2019, cuando se publicó una importante reforma a varios artículos de la carta magna.
De acuerdo con las disposiciones establecidas en la Constitución, para que una petición de revocación de mandato sea válida es necesario que quienes la soliciten sean un número equivalente a por lo menos 3 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, es decir, 2 millones 700 mil personas.
En relación con la fase de activación del proceso revocatorio, más de tres cuartas partes (77%) manifiestan que debe llevarse a cabo por la ciudadanía y no por el Congreso, el propio presidente o la autoridad electa.
Entre quienes están en desacuerdo con la revocación de mandato, 18.6 por ciento, casi la mitad sostiene como principal argumento que las autoridades deben cumplir el tiempo para el que fueron electas, quizás en apego a la tradición en la que los presidentes han completado la temporalidad de sus encargos desde el ya lejano 1934.
Es comprensible que este argumento sea el principal, dado que no hay algún referente, bajo ninguna circunstancia, en la que se haya interrumpido un periodo presidencial desde entonces.
En suma, la manera en que se plasmó la revocación de mandato en la Constitución mexicana hace que ésta pueda considerarse como un mecanismo de democracia directa viable, en el que la ciudadanía es protagonista en las dos grandes fases que lo componen: la activación, es decir el momento en que se solicita, y la de decisión, momento en que se vota para que el gobernante permanezca en el cargo o lo deje, concluye el estudio.
El estudio completo del IBD se puede consultar en la siguiente dirección:
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