El 17 de septiembre próximo, cierra la convocatoria para inscribirse para obtener la primera certificación para empresas y profesiones con operaciones vulnerables ante actividades de lavado de dinero, que emitirá la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así lo informó José López Del Castillo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade), sección Querétaro.
“La certificación, es una de las estrategias establecidas para reforzar, vía la profesionalización. Así como la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, por parte de la UIF. A fin de evitar que entre dinero ilícito (obtenido por defraudación, tráfico de drogas, armas, trata, comercio ilícito, entre otras) a la economía formal”, explicó.
Empresas y profesiones vulnerables
López del Castillo detalló que tienen definidas las actividades de la economía formal, que requieren ser reguladas para reducir riesgos. Las cuales dividieron en dos grupos. El sistema financiero -bancos, casas de bolsa, aseguradoras, afianzadoras, cajas de ahorro y préstamo, etc.-, donde la certificación es obligatoria.
Además de las actividades denominadas de operaciones vulnerables como: La venta de inmuebles, vehículos, arte, joyas y aeronaves. Además del blindaje de vehículos, y algunas profesiones como: Notarios públicos, corredores y agentes aduanales, entre otras.
Para evitar que estas empresas y personas sean utilizadas en actividades ilícitas, la ley les pide ciertos controles y capacitaciones para fortalecerlas.
Por ello, la UIF -encargada de la aplicación de esta ley- creó la certificación para empresas y profesiones con operaciones vulnerables. La cual otorga la misma autoridad, para comprobar que cumplen con los requisitos mínimos de profesionalización en el cumplimiento de esta ley.
Arranca la 1ª certificación de la UIF
Este 2021, es la primera vez que se abre la convocatoria para el proceso de certificación de personas y organizaciones con actividades vulnerables. Quienes realizarán el examen para obtener la certificación (19 de noviembre), y que tendrá una vigencia de cinco años.
“Si bien, la certificación no es obligatoria, es un instrumento de validez frente a la autoridad y del bien actuar de las organizaciones en caso de ser sujeto a alguna investigación. Además de ubicarse como un elemento de valor agregado y diferenciador de mercado para quienes lo obtengan”, argumentó el directivo.
Finalmente, López del Castillo precisó que pueden realizar el proceso de certificación los profesionales con actividades vulnerables. Así como personas que trabajen en organizaciones con operaciones de riesgo e interesados en obtener la certificación para ofrecer sus servicios a terceros como consultores. Los cuales no tengan sentencias por delitos patrimoniales, no estén en las listas negras del gobierno mexicano o a nivel internacional. Y no estén inhabilitados por alguna autoridad federal o estatal.