La reforma a la Ley de Hidrocarburos busca un marco legal claro para que las empresas no evadan sus responsabilidades, apuntó Monreal
Información de Ángel Juan Sánchez
El senador Ricardo Monreal Ávila rechazó que la reforma a la Ley de Hidrocarburos se trate de una nacionalización disfrazada. Por el contrario, busca ordenar el sector, con mayores controles en el otorgamiento de permisos, precisó.
En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta aseveró que no se trata de una expropiación. Como algunos medios de comunicación han sugerido, sino de tener un marco legal claro y eficiente. La cual pretende asegurar que las empresas que incumplan la Ley no evadan sus responsabilidades.
Recordó que en 2019 un exconsejero de Pemex estimó que el equivalente a mil 700 pipas diarias de combustible era contrabandeado. A través de tres aduanas en Tamaulipas, y el daño a la Hacienda Pública por evasión fiscal, era de 200 mil millones de pesos anuales.
Este mercado ilícito de combustibles -denunció el senador- representa un ingreso de 20 mil millones de dólares anuales a diversas organizaciones criminales.
Por ello, el objetivo de la iniciativa es que Pemex se fortalezca, que toda la gasolina que se consume en México sea procesada aquí mismo. Y que las ganancias se queden en nuestro país. Además, agregó que buscan que no haya aumento a los precios del combustible.
Reforma de López Obrador
El legislador recordó que, el pasado 26 de marzo, el presidente de la República envío al Congreso la iniciativa para reformar los artículos 52, 53, 56 y 57 de la Ley de Hidrocarburos. La cual remitieron a las Comisiones unidas de Energía y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su análisis.
Monreal Ávila detalló que la propuesta plantea que las empresas que quieran un permiso de distribución deberán contar con la capacidad de almacenamiento instalada. De acuerdo con lo que determine la autoridad.
Propone reemplazar la afirmativa ficta por la negativa ficta. Es decir, si en 90 días las autoridades competentes no emiten una decisión sobre la cesión de un permiso, entenderán que está desechado.
Tanto la Secretaría de Energía como la Comisión Reguladora de Energía podrán suspender los permisos expedidos de forma temporal o definitiva. No existe ninguna actitud arbitraria. Simple y sencillamente garantizar la seguridad energética de la nación.
En este sentido, Monreal Ávila indicó que no son ciertos los reportes que hablan de 20 mil contratos de importación de gasolinas en riesgo. Al inicio de esta administración, detalló, había cerca de mil 70 permisos de importación de gasolina, diésel, aceites y combustibles.
Actualmente, reveló, el número de permisos vigentes es de menos de 200; 110 permisos para importar gasolina y 78 para importar diésel.
Morena condenó la muerte de Victoria Esperanza Salazar Arriaza
El coordinador parlamentario de Morena también condenó la muerte de Victoria Esperanza Salazar Arriaza. Una mujer de origen salvadoreño que perdió la vida tras ser sometida por policías de Tulum, Quintana Roo.
Ricardo Monreal advirtió que “el Senado de la República está indignado” por la actuación de los policías. Y condenó este tipo de actos ilegales, brutales, propios de la barbarie.
Dijo que los derechos humanos tienen que ser respetados en México. Y lo que pasó en Tulum, el exceso de violencia contra una mujer es inadmisible y condenable.
“En el Senado nos pronunciamos por la sanción de quienes cometieron este exceso. De que no haya impunidad. Pedimos que el municipio y el estado de Quintana Roo asuman su responsabilidad por el exceso cometido contra esta persona, contra esta mujer. La cual no merecía ni el trato ni haber fallecido por esta circunstancia”, expresó.
A la pregunta de si Morena y sus aliados en el Senado buscarán impulsar reformas para revisar la actuación del INE, Monreal Ávila comentó:
“Nosotros deseamos un Instituto imparcial, profesional, serio, que no invada esferas de competencia, que no exceda su protagonismo. Y que no actúe facciosamente en contra de Morena.
“No queremos un INE partidizado, con intereses partidistas que desvirtúen y desnaturalicen su función”.