Reforma avanza hacia la Cámara de Diputados
El Senado avala en lo general y particular la reforma a la Ley de Amparo durante una sesión que comenzó el miércoles y se prolongó hasta los primeros minutos del jueves. Con 76 votos a favor y 39 en contra, los senadores aprobaron primero el dictamen en lo general, y posteriormente, con 70 votos a favor y 39 en contra, lo hicieron en lo particular. La propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum ahora pasará a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.
Durante la jornada legislativa, el ambiente estuvo marcado por posturas encontradas y un debate intenso. Legisladores de oposición cuestionaron que los cambios limitan el acceso a la justicia de sectores vulnerables, mientras que el bloque oficialista defendió que la reforma moderniza y agiliza el juicio de amparo.
Debate intenso en el pleno del Senado
El senador Luis Donaldo Colosio advirtió que la reforma “traiciona el espíritu del amparo” y restringe derechos adquiridos. Argumentó que el interés legítimo ha sido clave para casos emblemáticos como la investigación de Ayotzinapa, la protección ambiental y los tratamientos médicos para menores con cáncer. Señaló que los cambios dificultan la defensa de derechos sociales y ambientales y excluyen de la protección a quienes carecen de recursos para garantizar créditos fiscales y acceder a suspensiones.
En tribuna, la panista Lilly Téllez lanzó acusaciones contra el senador Adán Augusto López, al que llamó “narcosenador”. Esta intervención generó interrupciones y reclamos de legisladores de Morena, quienes pidieron ceñirse al análisis legal y no a temas personales. Desde el bloque oficialista, la senadora Martha Lucía Mícher defendió la reforma y pidió que se dejara de lado el tono confrontativo.
Cambios centrales de la reforma
Entre los puntos más relevantes de la reforma destacan la redefinición del interés legítimo, que permitirá solicitar un amparo por afectaciones individuales o colectivas sin que el daño sea estrictamente actual. Además, se introduce la digitalización del juicio de amparo, autorizando presentaciones y notificaciones electrónicas mediante el portal del Poder Judicial de la Federación. Para las autoridades será obligatorio, mientras que para particulares será opcional.
En materia procesal, el plazo para dictar sentencia en amparo indirecto se amplía de 60 a 90 días, y se otorga mayor margen para presentar garantías en suspensiones penales. Los jueces podrán desechar recusaciones sin fundamento para evitar dilaciones y admitir ampliaciones de demanda solo cuando existan actos no conocidos al inicio del proceso.
En el ámbito fiscal, la reforma condiciona la suspensión de actos de cobro de créditos fiscales firmes a la entrega de garantías válidas, como billetes de depósito o cartas de crédito expedidas por instituciones financieras autorizadas. Las sanciones actuales para autoridades que incumplan sentencias se mantienen sin cambios.
Estas modificaciones aplicarán tanto para nuevos juicios de amparo como para aquellos en trámite una vez que la reforma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.