Resolución amistosa evita audiencia prolongada
Los abogados del estado de Nueva York y el abogado de Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, lograron resolver sus diferencias respecto a una fianza de 175 millones de dólares. Este monto había sido pagado por Trump para evitar el embargo de sus bienes mientras apela una sentencia en un juicio civil por fraude. La solución llegó justo antes de lo que se preveía como una extensa audiencia judicial en Manhattan, que habría incluido varios testigos.
Detalles del acuerdo
Durante un breve receso de 20 minutos en las negociaciones, se alcanzó un acuerdo por el cual los 175 millones de dólares se mantendrán en una cuenta de efectivo que generará intereses, sin exponer el capital a riesgos. Hasta la fecha, la cuenta ha acumulado más de 700 mil dólares en intereses. Este arreglo evita que el estado pueda proceder con el embargo de los bienes de Trump para cubrir una deuda que supera los 454 millones de dólares, cifra estipulada tras perder un juicio inicial impulsado por la secretaria de Justicia del estado de Nueva York, Letitia James. James acusó a Trump, su empresa y ejecutivos clave de defraudar a banqueros y aseguradoras al exagerar su patrimonio.
Discusiones en la corte
La audiencia, presidida por el juez Arthur Engoron, quien emitió la sentencia en febrero tras concluir que Trump y sus asociados habían engañado a entidades financieras, estuvo marcada por momentos de tensión. Engoron y Christopher Kise, abogado de Trump, tuvieron intercambios sobre la posibilidad de que los fondos depositados no estuvieran disponibles en caso de que se confirmara la sentencia. Kise calificó las suposiciones del juez de “salvajemente especulativas”.
Frustraciones y negociaciones
Kise también expresó frustraciones con la actuación de la fiscalía de Nueva York, apuntando a un tratamiento percibido como injusto hacia su cliente, sugiriendo que “hagamos lo que hagamos van a encontrar defectos en ello”. Sin embargo, fue Andrew Amer, un abogado del estado, quien propuso los términos del acuerdo que finalmente se aceptaron. El acuerdo incluye garantías adicionales, una solicitud del estado dada la naturaleza de la recaudación de fondos, que se realizó con la ayuda de una pequeña compañía de seguros fuera del estado.
Este acuerdo representa un momento clave en el prolongado litigio y refleja la compleja interacción entre las necesidades legales y las estrategias de defensa en casos de alta relevancia pública y financiera.