La investigación sigue tras 8 años de polémica hoy se dice que los 43 estudiantes de Ayotzinapa Guerrero No era ni estudiantes normalistas ni trabajadores del Campo sino no gente criminal provocadora, como han cambiado las cosas que hoy el ex procurador Mirullo Karam sea detenido y procesado a cárcel por delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, debemos decir que hasta hoy no es muy clara su detención pero lo que si es seguro que el tema hoy hoy no se acaba.
Especial InformativoQ & Marcos González Díaz
Este septiembre se cumplirán ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México.
El vendaval que supuso el último informe de la Comisión para la Verdad sobre el caso Ayotzinapa dejó secuelas en México y la pregunta ahora es qué otras consecuencias tendrá.
Solo horas después de darse a conocer el informe, se detuvo por presunta desaparición forzada y tortura al exprocurador (fiscal) general de la República, Jesús Murillo Karam, creador de la versión conocida como «verdad histórica», que explicaba qué ocurrió con los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 y que fue descartada años después por la investigación.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo sin embargo en la presentación del informe que existían indicios suficientes para que la Fiscalía investigara a 33 personas señaladas en el documento, entre las que hay funcionarios públicos y militares, para lo que ya se estaban llevando a cabo «las diligencias judiciales correspondientes».
Además de confirmar públicamente que «no hay indicios» de que los estudiantes sigan con vida, uno de las conclusiones más tajantes destacadas por Encinas fue calificar lo ocurrido de «crimen de Estado».
Para entender qué implicaciones tiene esta calificación, conocer el impacto del informe y saber qué podría ocurrir a partir de ahora, BBC Mundo entrevistó a Humberto Guerrero*, representante de las organizaciones de sociedad civil en la Comisión para la Verdad por parte del Centro de investigación Fundar, quien estuvo presente en la presentación del informe a los padres de los estudiantes.
Sin embargo tenemos que preguntar
Algunas cosas para entender bien a bien por qué y cómo es que se llego ya a considerar el caso de los 43 Norma listas como “CRIMEN DE ESTADO “.
En la noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa desaparecieron en la ciudad mexicana de Iguala, en el estado de Guerrero, y jamás se supo de ellos.
Desde entonces han pasado ocho años y la polémica continúa retumbando ante acusaciones de impunidad, corrupción y vínculos al narcotráfico en el crimen.
A la desaparición de los 43 se le conoce como el caso Ayotzinapa y es uno de los escándalos más mediáticos en la violenta historia del país.
Las últimas investigaciones lanzadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo califican como «crimen de Estado» e implican a funcionarios del «más alto nivel del gobierno» en el delito.
1. ¿Cómo se produjo la desaparición de los estudiantes?
El estado de Guerrero, y en particular la ciudad de Iguala, es una zona clave en el trasiego de drogas y otras actividades ilícitas. Esto ha hecho que los enfrentamientos y colusión de intereses entre grupos delictivos e instituciones hayan sido frecuentes en las últimas décadas.
La Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, por otra parte, tiene una larga tradición de lucha social y suele albergar a estudiantes de pocos recursosde las zonas marginadas del estado de Guerrero y otras regiones del país.
Esta escuela fue elegida en 2014 como sede para organizar una movilización a Ciudad de México para participar en las marchas del 2 de octubre de 2014, en conmemoración de la matanza de Tlatelolco ocurrida en 1968.
La última versión del gobierno indica que el 26 de septiembre decenas de estudiantes de entre 17 y 25 años se trasladaron a Iguala para hacerse con autobuses que pudieran llevarles días después a la capital.
La policía municipal recibió reportes de supuestos secuestros de autobuses y altercados protagonizados por los estudiantes. Entonces se produjo la confrontación y agentes dispararon contra los vehículos que transportaban a los estudiantes.
En apoyo a los municipales de Iguala también acudieron policías de Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco.
Dos alumnos murieron esa noche y un tercero apareció también sin vida y con signos de tortura al día siguiente.
Decenas de jóvenes fueron detenidos y liberados después, pero jamás se supo qué pasó con otro grupo de 43 estudiantes.
Solo los restos de tres de ellos han sido identificados.
2. ¿Qué decía la primera versión del caso, conocida como «verdad histórica»?
Según la primera versión oficial de entonces, divulgada durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, los desaparecidos fueron entregados aquella noche por policías municipales al grupo criminal Guerreros Unidos.
De acuerdo a esta versión, miembros de Guerreros Unidos confundieron a los jóvenes con integrantes de los Rojos, una banda rival, y los asesinaron para después incinerarlos en el basurero municipal de Cocula en Guerrero.
La investigación que llegó a estas conclusiones fue liderada por el ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam y el jefe de investigación Tomás Zerón.
Esta versión, titulada como «verdad histórica», apuntaba que los estudiantes no habían acudido a Iguala por los autobuses, sino que su propósito era boicotear un acto de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del entonces alcalde de la localidad José Luis Abarca Velázquez.
Abarca y Pineda se encuentran hoy en prisión y fueron acusados por el exfiscal Murillo Karam de estar detrás de la desaparición de los estudiantes y de colaborar con grupos criminales.
Sin embargo, esta «verdad histórica» fue puesta en duda desde el comienzo por familiares de víctimas, organismos nacionales e internacionales y la administración de AMLO que arrancó en 2018.
3. ¿Por qué la «verdad histórica» fue cancelada?
La versión fue desestimada por el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), que durante casi dos años analizó el expediente del caso y realizó su propia investigación.
Y organizaciones como Amnistía Internacional estimaron que la «verdad histórica» no había «atendido adecuadamente la línea de investigación», demostrando la existencia de «una enorme red de complicidades que involucran a autoridades en todos los niveles del Estado mexicano».
Desde el inicio de su mandato en 2018, AMLO se comprometió a «encontrar la verdad sobre la desaparición de los estudiantes» y a los pocos días anunció la creación de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa (CVAJ).
En julio de 2020 la «verdad histórica» fue cancelada y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, solicitó la captura de 46 exfuncionarios bajo acusaciones de desaparición forzada y delincuencia organizada. Entre ellos, el jefe de la investigación Tomás Zerón, quien se encuentra fuera de México.
Contra algunas de estas personas existían elementos para presumir alguna responsabilidad en el caso Ayotzinapa, dijo entonces el fiscal Gertz.
Pero en los casi seis años de la desaparición hasta entonces, los expedientes no se habían procesado.
«Es necesario dejar muy claro que estos delitos no habían sido ni investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la PGR», dijo el fiscal Gertz Manero.
Ya en esta nueva etapa se descartó por completo la versión de que los estudiantes fueron incinerados.
4. ¿Qué dice el nuevo informe sobre el caso?
Las conclusiones preliminares de la CVAJ fueron finalmente presentadas este jueves 18 de agosto por Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos del actual gobierno.
El informe estableció que en el crimen «concurrieron integrantes delictivos del grupo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano».
«La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción organizada del aparato del poder, desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes», dice el informe de la CVAJ.
Las primeras consecuencias no se hicieron esperar y este viernes detuvieron en México al exfiscal de la República Jesús Murillo Karam «por desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa».
Murillo Karam fue detenido este viernes en México tras revelarse las conclusiones preliminares de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa.
Además, la Fiscalía anunció que se libraron otras 83 órdenes de aprehensión en el estado de Guerrero contra mandos militares y personal de tropa, policías locales y estatales y autoridades administrativas y judiciales, así como contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos por su presunta vinculación con el caso.
Veintiséis personas clave vinculadas han muerto por ejecución, accidente o muerte natural a lo largo de la investigación, lamentó Encinas durante la presentación del informe.
Además de concluir que la desaparición de los estudiantes constituyó «un crimen de Estado», el informe también apunta que:
- Autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos
- En todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas
- El grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado
- Existen indicios suficientes para que la FGR (fiscalía general de la República) inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de integrantes de Guerreros Unidos, funcionarios municipales y funcionarios federales
- No hay indicio alguno que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos
El resto de conclusiones y más detalles del informe fueron publicados en los canales oficiales del gobierno de México..
Y¿Quien es Murillo Karam? Quien se encuentra en presión preventiva hoy
Poco podía imaginar Jesús Murillo Karam que algunas de las frases que pronunció tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 se acabarían convirtiendo en auténticos emblemas cargados de polémica que resuenan hasta el día de hoy.
Como titular de la entonces Procuraduría General de la República (Fiscalía) de México, estuvo en el ojo del escrutinio público a medida que las dudas y distintas teorías salpicaban la investigación de uno de los mayores casos de vulneración de derechos humanos en la historia del país.
Una de sus intervenciones públicas más recordadas fue cuando habló de «verdad histórica» para referirse a la entonces versión oficial de lo sucedido: que los estudiantes habían sido entregados a un grupo criminal que los habría asesinado e incinerado.
Pero ni familiares ni grupos independientes de expertos internacionales creyeron esta versión, que acabó siendo descartada oficialmente por la Fiscalía en 2020.
Este sábado, el juez de Control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, decretó prisión preventiva para Murillo Karam hasta el próximo miércoles, cuando se determinará su vinculación al proceso en que se le acusa.
Murillo Karam nació hace 74 años en el municipio de Real del Monte, en el estado mexicano de Hidalgo.
Tras estudiar Derecho, comenzó su carrera política como abogado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde ocupó el cargo de secretario general de la formación y llegó a ser diputado y senador de la República.
Entre 1993 y 1998, fue gobernador de Hidalgo, su estado natal. Posteriormente ocupó el cargo de subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación.
A finales de 2012,se incorporó al gobierno de Enrique Peña Nieto, de su mismo partido, como procurador general.
Aunque permaneció en el cargo durante poco más de dos años, durante su gestión estuvo al frente de sonados casos en México como la segunda captura en 2014 de Joaquín «el Chapo» Guzmán, exlider del cartel de Sinaloa.
Sin embargo, fue su investigación tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de aquel mismo año en Iguala, Guerrero, la que marcó su labor y le acarreó un aluvión de críticas y peticiones de dimisión.
Del «ya me cansé» a la «verdad histórica»
El caso pronto adquirió repercusión internacional y la presión para que la investigación liderada por la Procuraduría arrojara resultados también aumentó casi tanto como las dudas de los familiares de los jóvenes ante las explicaciones que las autoridades les ofrecían sobre lo ocurrido.
Pocas semanas después de la desaparición, en una de sus múltiples conferencias ante la prensa para ofrecer detalles de las pesquisas, Murillo Karam protagonizó uno de los momentos más nefastos y criticados de su carrera.
El exprocurador cortó las preguntas de los periodistas con un recordado «Muchas gracias, ya me cansé», en un momento en el que la sociedad exigía respuestas sobre lo ocurrido.
Aquella icónica frase se convirtió en una especie de lema para quienes exigían justicia, hartos de la violencia y la impunidad reinantes en el país, y que protagonizaron protestas en las calles y en las redes sociales durante semanas con el hashtag #YaMeCansé
En enero de 2015, acompañado del entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón -actualmente prófugo de la justicia mexicana en Israel por su presunta vinculación con este mismo caso- Murillo Karam presentó lo que llamó «versión histórica» de lo sucedido con los jóvenes.
La teoría apuntaba a que los estudiantes habían sido entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en el basurero municipal de Colula, en el estado de Guerrero.
«Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente», dijo Murillo Karam en aquella polémica intervención por la que recibió duras críticas de familiares de los jóvenes y organismos internacionales en desacuerdo con el transcurso de la investigación.
Un mes después, Murillo Karam dimitió y le cedió su puesto como procurador a la senadora del PRI, Arely Gómez González.
Tras la polémica, el ya exprocurador concluyó su vida profesional al frente de la mucho más tranquila Secretaría de Desarrollo Agrario, donde solo permaneció unos meses.
Desde entonces, mantuvo un perfil público bastante bajo. Su nombre solo regresaba a la luz pública gracias a las distintas investigaciones e informes de organismos publicados sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en los años recientes.
El último, el publicado por la Comisión para la Verdad este jueves y que volvió a poner a Murillo Karam sobre la palestra como una de las autoridades presuntamente responsables de«alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad «, culminó con la detención del considerado «arquitecto de la verdad histórica» de Ayotzinapa.