En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó la posibilidad de que personas que sufrieron tortura o no hayan recibido una sentencia en décadas, queden en libertad. Este decreto abre la posibilidad para la liberación de Israel Vallarta, detenido por secuestro desde 2005, vinculado con el caso de Florence Cassez.
Al respecto, el mandatario mexicano externó que la ley abre la posibilidad para todos, no solo para Israel Vallarta. Sino que firmaron este nuevo decreto para beneficiar a personas que cumplan con los requisitos puedan inconformarse en la debida instancia judicial. Y aseguró que como política de Estado, su gobierno no permite la tortura bajo ninguna circunstancia.
Cabe mencionar que Israel Vallarta está privado de su libertad desde 2005 por diversos delitos de secuestro y delincuencia organizada. Así como portación y posesión de armas de uso exclusivo y posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército.
Por su parte, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), dio a conocer que la defensa de Vallarta no ha aceptado las estrategias propuestas para su absolución ante el precedente del caso Cassez.
“El señor Vallarta y su defensa no han aceptado la estrategia planteada. La cual consistente en promover un incidente de libertad por desvanecimiento de datos”, señaló.
La funcionaria indicó que solo le beneficiaría para una de las causas penales acumuladas. Por lo que en caso de aplicar el precedente Cassez, es previsible que sea absuelto en dicho asunto, pero no en las otras acusaciones en su contra.
Decreto presidencial
Cabe mencionar que, las personas beneficiadas con este nuevo decreto presidencial, son los siguientes casos:
- Internos en las cárceles federales, del fuero federal, con más de 10 años sin sentencia y que no hayan cometido delitos graves.
- Quienes hayan sido víctimas de tortura y se compruebe a través del protocolo de Estambul. Sin importar la edad y el delito.
- Adultos mayores de 75 años y adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, ambos grupos que no hayan cometido delitos graves.