Nuevas reformas Código Penal de Hidalgo reconocen el derecho exclusivo de las mujeres a la maternidad voluntaria y acceso a la Interrupción Legal del Embarazo
Las modificaciones obligan a crear mecanismos de acceso oportuno a servicios de salud y abonan al respeto de los derechos de las mujeres
Por Abel Luna
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) celebran la aprobación de las reformas al Código Penal de la entidad. Las cuales reconocen el derecho exclusivo de las mujeres a la maternidad voluntaria y el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo.
Ambas instituciones respaldan dichas modificaciones con las que se evitará la criminalización y estigmatización de las mujeres que decidan interrumpir un embarazo. Además, aseguraron que garantizarán el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Lo que, a su vez, establece la obligación de crear mecanismos de acceso oportuno a servicios de salud y abonar. Con ello, al pleno respeto y ejercicio de los derechos de las mujeres en el contexto de una vida digna y ciudadanía plena.
Asimismo, el Estado debe generar todas las condiciones necesarias y suficientes para el ejercicio pleno de este derecho. Lo que conlleva también la NO CRIMINALIZACIÓN DE LA MUJER por ejercer su derecho sexual diferenciado y proteger esa decisión. Sin establecer DERECHOS ABSOLUTOS.
Tercer estado que respeta derecho de las mujeres a decidir
Las reformas legislativas aprobadas colocan a Hidalgo como la tercera entidad que respeta el derecho de las mujeres a decidir. Por lo que la CNDH y la CDHEH hacen un reconocimiento a las y los diputados del Congreso local que contribuyeron a su realización.
La libertad en la autodeterminación personal y la inviolabilidad del cuerpo son derechos que tenemos todos. Y en el marco de los derechos sexuales, la maternidad voluntaria es uno de ellos. Pues se refiere a la refiere a la decisión, exclusiva de las mujeres, de ejercer tal derecho.
Bajo las condiciones sociales, económicas, culturales y jurídicas existentes, la mayoría de las mujeres se encuentran en una posición de desigualdad, al ser discriminadas o criminalizadas por el ejercicio de este derecho diferenciado, pleno y exclusivo sobre su cuerpo. Por lo que las reformas al Código Penal de la entidad representan un avance significativo para asegurarles una vida digna.