Si de impunidad hablamos, en esta administración están los casos sin resolver de Rosario Robles, Emilio Lozoya o de varios exgobernadores
ROMPECABEZAS
Por Abel Luna Espinosa
MUY RAZONABLE LA propuesta de la diputada perredista Verónica Juárez Piña, de profundizar investigar plenamente el desempeño de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros en su encargo de secretaría de la Función Pública. Porque “no se le puede ni debe sustituir sin más para que goce de completa impunidad”.
Es más la ahora exsecretaria incumplió con todas las obligaciones previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entre ellas la de las debidas inspecciones en el ejercicio el gasto del presupuesto.
Por si esto fuera poco deben investigarse las versiones de enriquecimiento ilícito de ella, en lo personal y algunos de sus familiares. Como es la sospechosa adquisición de bienes inmuebles en los últimos años.
Juárez Piña nos recuerda que Sandoval prácticamente no hizo nada en el combate contra la corrupción en todos los niveles. Contrario a lo que pregona prácticamente diario el presidente de la República. Así como tampoco aplicó los principios de transparencia, legalidad y rendición de cuentas, de acuerdo con lo señalado por el Sistema Nacional de Fiscalización.
En la Cuenta Pública 2019, por mal ejemplo, resultaron 7 mil 141 observaciones, solicitudes de aclaración. Así como promociones de responsabilidades administrativas, recomendaciones y solicitud de promoción de facultades de comprobación fiscal. Además de acotaciones que demuestran la opacidad y ocultamientos con que se manejó la exsecretaria.
En consecuencia, debe llamársele a cuentas, también, de por qué toleró compras directas de bienes y servicios para el gobierno federal. Llegando hasta al 80 por ciento de adjudicaciones sin someterlas a concurso, bloqueando la participación de muchos proveedores.
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Otros casos impunes
Y SI DE impunidad y corrupción hablamos, en esta administración (la cual tanto se ufanan en cuestionar al pasado) están los casos sin resolver hasta el momento de Rosario Robles, Emilio Lozoya o de varios exgobernadores.
Y ya no qué decir de la facilidad con que regresaron tranquilos a sus casas los líderes sindicales Elba Esther Gordillo (que hasta se dio el lujo de aparecer en una candidatura a diputación plurinominal el 6 de junio). Así como el caso del tamaulipeco Carlos Romero Deschamps, quien hoy “sólo cobra su pensión”. A pesar de las múltiples denuncias en su contra por malversación de cuotas sindicales.
Así como ellos hay decenas de casos que permanecen empolvados en los archivos de la antigua Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General). Casos del pasado y del presente, sin haberse ejercido acciones penales por recomendaciones de “arriba”. Es decir, provenientes de políticos o funcionarios en diversos niveles.
Grandes sueldos
Pero por ahí recientemente también han surgido los nombres de varios sobrinos directos del presidente López Obrador, quienes cobran sueldos más cuantiosos que él mismo. ¿Eso no es impunidad, no es corrupción, entonces de qué manera puede calificarse? Ahí han quedado las palabras del tabasqueño: “Por el bien de todos, primero los pobres”
Por ahí surgen los mantos de ocultamiento a los casos de saqueo de las arcas nacionales y que lograron –o han pretendido- enviar al extranjero. Para después gozar de esos recursos malhabidos, y de ello tampoco informó nada la exsecretaria Sandoval Ballesteros. Mientras, el fiscal Alejandro Gertz Manero y sus huestes siguen investigando para fincar responsabilidades.
¿Acaso tampoco hay impunidad y corrupción en los casos sin resolver de Ayotzinapa y los miles de desparecidos en muchos estados de la República?