La Consejería Jurídica de la presidencia debe entregar los resultados de las reuniones con proveedores privados de los servicios penales privados
Por Abel Luna
La Consejería Jurídica de la presidencia debe entregar los resultados de las reuniones con proveedores privados de los servicios penales privados. Porque generaron pagos millonarios que están pendientes de erogación e inclusive van hasta el año 2037.
Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Advirtió que esos hechos ocurrieron en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Y en ellos intervino Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública Federal.
La Consejería debe acatar las instrucciones presidenciales manifestadas el 13 de enero de este año, cuando la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que fueron revisados ocho contratos de prestación de servicios en los centros penales en conjunto con el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.
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Proceso deliberativo
El consejero Acuña Llamas comentó el sujeto obligado reservó la información argumentando que es parte de un proceso deliberativo. Y su difusión podría influir en la toma de decisiones. O en su caso, interrumpir la negociación o análisis jurídico y alcances de los instrumentos contractuales para determinar su posible modificación y/o revocación.
Expuso que no es no necesario aclarar la personalidad de quienes intervienen en esos contratos o si van a ser demandados por determinada cantidad de dinero. Sino una explicación que allegue contabilidades, estadísticas y el grado de avance de las acciones para que la instrucción no quede en el vacío.
En el análisis del caso, la ponencia a cargo del Comisionado Acuña Llamas advirtió que el sujeto obligado se limitó a clasificar la información.
Al respecto, determinó que la información que el sujeto obligado pretende clasificar como reservada, no guarda relación con lo requerido. Pues la persona que presentó la solicitud busca conocer el resultado de las acciones. Y no el análisis que se encuentra desarrollando el sujeto obligado para atender la instrucción del Ejecutivo Federal.
Demanda
Asimismo, debe considerarse que la instrucción fue encaminada a realizar reuniones con proveedores para llegar a acuerdos sobre los contratos ya existentes. Y en su caso, la presentación de una demanda en materia civil para dar por terminadas las obligaciones derivadas de dichos instrumentos.
Con base en los argumentos presentados, el Comisionado concluyó que no es posible tomar como válida la atención dada por el sujeto obligado al requerimiento. Dado que la información que pretende clasificar no guarda relación con lo solicitado.
Por lo anterior, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y le instruyó realizar la búsqueda de la información requerida. En todas las unidades administrativas que resulten competentes y entregar al particular las acciones realizadas. Así como los resultados de las mismas, en relación con la instrucción del Ejecutivo Federal respecto a reunirse con las empresas proveedoras de servicios en los penales privados. Según lo manifestado por el presidente de la República en la conferencia matutina del miércoles 13 de enero de 2021.