Cientos de madres y familiares de desparecidos siguen buscando a sus consanguíneos, frente a la insensibilidad y apatía de las autoridades
ROMPECABEZAS
Por Abel Luna Espinosa
LA LEYES ESTÁN integradas para darle la mayor protección a la población; entre ellos, sin duda, los llamados adultos mayores, las mujeres y los niños.
Hace unos días una amiga replicó en su cuenta de Facebook su sorpresa y pasmo por de decisión de un juez de Quinta Roo, quien separó de su mamá a dos pequeños de 4 y 7 años de edad, por un litigio de disolución del vínculo matrimonial, uno de ellos con autismo.
Si me permite el lector apunto el comentario de mi amiga escritora y docente. “Sólo que al hablar de un pequeño con autismo, sí me preocupa sobre manera la separación de su mamá. La indiferencia que los grupos sociales muestran, la indolencia de las autoridades y el silencio de aquellos que “promueven los derechos de los niños”, pensándolos a estos, como “el futuro del mundo”. Nada más erróneo”
La aplicación de las normas legales, me parece en perspectiva, de ninguna manera puede ser ajena a los aspectos humanos de cada caso. Y allí está, también el drama de cientos de madres y familiares de desparecidos (por diferentes causas). Sólo con el apoyo de pala y pico siguen buscando a sus consanguíneos, frente a la insensibilidad y apatía de las autoridades.
En este último caso, ¿podríamos tomarlo como complicidad entre policías, jueces, ministerios públicos y autoridades gubernamentales, para seguir con este lamentable panorama en muchos estados de la República?
En los dos temas mencionados está en el centro la gran insensibilidad de muchos servidores públicos de todos los niveles. Aunque, claro está, hay excepciones.
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Arbitraje internacional
EN OTRO VERTÍCE de los hechos, empresas del sector energético estadounidenses ya iniciaron un arbitraje internacional contra México. Están demandando el pago de por lo menos 150 millones de dólares al gobierno federal. Demanda correspondiente al incumplimiento de las obligaciones contraídas en el capítulo 11 del T-MEC.
La demanda fue presentada por los abogados de Finley Resources, MWS Management y Prize Permanent Holdings, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Y se deriva de un conflicto que inició en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El monto que México se arriesga a pagar equivale a cerca de 3 mil millones de pesos.
En su querella los demandantes también apuntan negligencias en el capítulo 14 que aborda el tema de las inversiones.
Así, como ya lo habían previsto muchos especialistas del sector energético mexicano, vendrían las demandas de empresas extranjeras por incumplimientos de diversos rubros del T-MEC, firmado con los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá, el 30 de noviembre de 2018, y entró en vigor en junio de 2020.
Del caso García Cabeza de Vaca
EN EL SAINTE desatado entre la Cámara de Diputados federal, la del estado de Tamaulipas, la Fiscalía General de la República, López Obrador. En torno al caso del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para muchos observadores se perfila como una “cortina de humo” surgida desde Palacio Nacional.
A su vez la senadora panista Kenia López Rabadán, recuerda que “la Constitución no está al capricho del presidente en turno”.
Además, para muchos analistas, como la doctora María Amparo Casar, esta maniobra pretende distraer a los electores con miras al proceso del 6 de junio. Principalmente porque el Ejecutivo Federal conoce las encuestas en las que muchos candidatos de Morena van a la baja.
En el este último caso está el de Layda Sansores. La morenista permanece en el tercer lugar de las preferencias electorales para llegar a la gubernatura de Campeche.
Pero la hija de Carlos Sansores Pérez, aquel dirigente priista que pretendía la democracia transparente sólo porque ideó la integración de urnas de acrílico en las votaciones, seguramente no se quedará tranquila.