Por Abel Luna
Las condonaciones de impuestos deben aplicarse para los causantes que realmente lo necesitan y no para los amigos del presidente. Apuntó la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mónica Almeida López.
Después de que la titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT) Raquel Buenrostro, condonó 7 millones 572 mil pesos a Epigmenio Ibarra y Carlos Payán. Miembros de la empresa Grupo Argos. La diputada del PRD, señaló al SAT por favorecer a los amigos del presidente.
“No es posible que los integrantes de la 4T caigan, una y otra vez, con este tipo de decisiones, porque este mecanismo es para quienes realmente lo necesitan. En este caso ello se convierte en mezquindad y traición a las propias promesas anteriores.
“En consecuencia, Buenrostro debe renunciar a su empleo porque está pasando por encima de la ley. Aparte de que las acciones rebasan a las palabras de compromiso para una mejor administración de los impuestos”, demandó la diputada perredista.
Para Almeida, las condonaciones de impuestos, deben tener justificaciones técnicas y de su impacto social y de ninguna manera aplicarse con criterios discrecionales.
Por ello demandó al Sistema Nacional Anticorrupción sea investigado a fondo este caso y vayan más allá de las declaraciones. Para que investigue a fondo, los hechos que son ofensivos para la sociedad.
SAT debe condonar impuestos solo bajo justificación
La diputada propuso que, para condonar impuestos, los beneficiados deberán contar con una justificación técnica y de impacto social. Para que pueda ser evaluada por el Sistema Nacional Anticorrupción y la SFP, y sujetarse a la normatividad existente en materia de transparencia. Cuando esto represente un beneficio social y evitar los compadrazgos que imperan en la Cuarta Transformación. Como pasó con los amigos del presidente.
La amistad de Ibarra y Payán con López Obrador demuestra la protección de este hacia quienes deben pagar impuestos, como el resto de los mexicanos.
La diputada recordó que esa relación amistosa va mucho más allá de la producción de documentales y entrevistas.
Almeida López exhortó a la Secretaría de la Función Pública para que sean investigadas las operaciones de otras empresas asentadas en el estado de Tabasco. Porque se tienen datos de acciones similares por el equivalente a 700 millones de pesos, aproximadamente.